Fake News y libertad de expresión: el aporte fueguino a un debate urgente

Cuesta encontrar una semana en la que no estalle algún escándalo vinculado a la manipulación digital de la opinión pública. Operaciones coordinadas, bots, campañas de desprestigio: el fenómeno dejó de ser una anécdota para instalarse en el centro de la agenda democrática. Y con él, una pregunta incómoda: ¿cómo regular las fake news sin terminar cercenando aquello que decimos defender, la libertad de expresión?

Ese fue el eje que atravesó la reciente presentación del grupo Agendas en las “Jornadas de Ciencia Política 2026” se desarrollaron entre el 25 y 28 de agosto en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) Organizadas por la Dirección de Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC).

Allí el docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra de Tierra del Fuego, AeIAS Lic. Juan Pablo Ortiz —politólogo, especialista en estadística y docente de Política Económica y Sistemas Políticos Comparados— expuso junto al equipo del que forma parte, una investigación que cuenta con el respaldo del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la UNTDF. Un trabajo que aborda la tensión entre desinformación y regulación sin atajos fáciles, con un enfoque comparado que obliga a mirar más allá de los titulares.

Evidencia antes que eslóganes

Lo primero que llama la atención del proyecto es su punto de partida: no se conforma con repetir que las fake news son un problema, sino que se propone medirlas, desarmarlas, entender sus mecanismos. Hay una diferencia sustancial entre el error periodístico —siempre posible, corregible— y la operación coordinada que busca instalar una mentira como verdad. Esa distinción, que parece de manual, se pierde con frecuencia en el debate público. Y sin ella, cualquier respuesta regulatoria nace torcida.

El dilema de la regulación

El trabajo presentado por Ortiz, evita caer en los dos extremos que suelen monopolizar la discusión. Por un lado, la desregulación ingenua de quienes suponen que el “mercado de las ideas” se autocorrige solo, como si los algoritmos no estuvieran diseñados para premiar la indignación y la viralidad por encima de la veracidad. Por el otro, el control estatal autoritario, que bajo el pretexto de combatir la mentira termina construyendo un aparato de vigilancia sobre el discurso público.

La propuesta que se desprende de la investigación apunta a un lugar menos transitado: regular la estructura antes que el contenido. Transparencia algorítmica, auditorías independientes, responsabilidad de las plataformas frente a operaciones de influencia. En otras palabras, no se trata de que el Estado diga qué es verdad y qué es mentira, sino de garantizar que las reglas del juego sean visibles y que nadie pueda operar en las sombras.

Un debate que no admite demoras

La actualidad se encarga de confirmar la pertinencia del tema con una insistencia casi obstinada. Cada elección, cada crisis, cada momento de tensión social viene acompañado de un enjambre de contenidos falsos que circulan a una velocidad imposible de contrarrestar. Lo que la investigación de Agendas demuestra es que la academia tiene algo para decir en este terreno, y que ese aporte puede traducirse en herramientas concretas para fortalecer la democracia sin sacrificar derechos fundamentales.

La investigación formará parte del capítulo 13 de una publicación académica impulsada por @Agendas UBA, un espacio multidisciplinario que reúne a investigadores  dedicados al estudio de la comunicación política, los sistemas institucionales y la opinión pública. Lejos de cerrarse en esta primera aproximación, el trabajo continuará profundizando en dimensiones específicas del fenómeno: el rol de las plataformas, los marcos regulatorios comparados, el impacto de la desinformación en los procesos electorales. La intención no es ofrecer recetas cerradas —eso sería tan pretencioso como inútil—, sino aportar evidencia y marcos interpretativos que permitan a la sociedad y a quienes toman decisiones enfrentar la desinformación sin renunciar a las libertades que hacen posible la vida democrática.

En tiempos donde la polarización y la posverdad parecen marcar el ritmo del debate público, trabajos como este recuerdan algo que a veces se olvida: que la democracia no se defiende con consignas, sino con conocimiento. Y que el equilibrio entre verdad y libertad no es un punto fijo, sino una construcción permanente que exige rigor, matices y, sobre todo, la voluntad de no rendirse ante las soluciones fáciles.